El
cambio climático y la deforestación de los bosques tropicales son dos procesos
de la crisis ecológica contemporánea inseparables. El calentamiento global y
las alteraciones de los ciclos hidrometereológicos son exacerbados por el
incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes,
principalmente, de la generación de energía, los sistemas de transporte y de la
agricultura, la deforestación y los cambios en el uso del suelo.
Particularmente, la deforestación y el cambio de uso de suelo, que según cifras
de la FAO alcanza 5.2 millones de ha anuales, contribuyen con el 11 por ciento
de las emisiones globales de CO2. Aunque las tasas de deforestación han
disminuido a nivel mundial, siguen siendo alarmantes en el caso de las regiones
tropicales, la producción de biocombustibles y granos para el ganado son las
principales causas de la pérdida de los bosques. Además de su contribución al
cambio climático, la disminución de suelo forestal repercute en la
profundización de la pobreza a nivel mundial, los múltiples bienes y servicios
de estos ecosistemas disminuyen y, como consecuencia, el estrés hídrico y la
inseguridad alimentaria aumentan. Alrededor de 1.6 mil millones de personas
sustentan su vida de los insumos provenientes de los bosques.
Las
negociaciones climáticas internacionales, desarrollándose esta semana en su vigésima
edición en Lima, han incorporado en sus preocupaciones las emisiones de GEI
provenientes del sector forestal a través de su propuesta de colaboración
internacional denominada reducción de emisiones por deforestación y degradación
e incremento de los sumideros de carbono (REDD+). La implementación de REDD+ ha
despertado interés en la comunidad internacional por la promesa de que los
principales beneficiarios de fondos globales para su financiación serán las
comunidades dueñas de los bosques. La implementación del programa consiste en
tres etapas: alistamiento, desarrollo de medidas y acciones, y la compensación
de reducción de emisiones comprobables.
Si
bien el propuesta ha estado en marcha desde el 2009, existe un estancamiento en
en las primeras dos etapas, por lo tanto, los recursos internacionales hasta
ahora destinados están siendo absorbidos por los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales en su calidad de gestores y facilitadores de los programas a
nivel nacional. Asimismo, las pequeñas comunidades y grupos indígenas enfrentan
problemas en cuanto al desarrollo de capacidades e instrumentos técnicos verificación
de emisiones y absorción de carbono por los árboles, requisito necesario para
comprobar el cumplimiento de compromisos y, así, recibir los ansiados recursos
financieros.
REDD+
corre el riesgo de fracasar como lo han hecho otros mecanismos de cooperación
internacional en el sector forestal. El problema de este instrumento se
encuentra en su génesis y en su planteamiento principal: la compensación
económica a los dueños de los bosques por reducción de emisiones. Veamos:
El
impulso de REDD+ durante la COP15 en Copenhague, se debió, por un lado, al
pronosticado fracaso del Protocolo de Kioto en la reducción de emisiones y, por
el otro, a la necesidad de mover los esfuerzos globales de la lucha contra el
cambio climático hacia otros sectores fuera del energético y los transportes,
que garantizaran las metas de mitigación.
La
intención de los países por salir de la crisis financiera del 2008 y la lenta
transición energética hacia fuentes no convencionales, han orillado a impulsar el
crecimiento económico y, por consecuencia, las emisiones de GEI han aumentado.
La OMM reportó, durante el mes de abril del presente, concentraciones de CO2 superiores
a las 400 partes por millón en el hemisferio norte.
El
hecho de que la principal capturas de CO2 se efectúa en plantaciones forestales
y no en bosques secundarios o naturales, le resta viabilidad al programa al
pago por reducción de emisiones comprobables. Las comunidades, particularmente
los grupos indígenas, poseen bosques con poca variabilidad en cuanto al
incremento o disminución de emisiones.
REDD+
se ha constituido como un mecanismo de cooperación internacional con cuantiosos
recursos financieros, hecho que despierta el interés de muchos actores
interesados en obtener una rebanada del pastel e incrementar la simulación en
los proyectos locales, alejándose de la realidad e intereses de los habitantes
de los bosques.
En
conclusión, el reto de las negociaciones en la COP20 en Lima consiste en
superar la inercia de las reuniones anteriores. Las expectativas han sido muy
altas y, por consecuencia, las frustraciones también. Antes de reducir las
emisiones de GEI por decreto se debe atender la vulnerabilidad socio-ecológica
de la población mundial. La pobreza y la desigualdad son causa y efecto del
cambio climático. Las reuniones de las COP son una oportunidad para fortalecer
la cooperación internacional, pero también para construir sistemas de
gobernanza eficientes, eficaces y equitativos, que neutralicen la ambición de
unos cuantos y se alejen de la política cortoplacista y el simulacro de las
cumbres climáticas globales.
